Las AFP rechazan el proyecto de Ley que propone entregar el 30% de los fondos de pensiones

El pasado viernes 12 de junio, la Cámara de Diputados aprobó, en primera lectura, el proyecto de Ley que propone entregar el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores afiliados a las administradoras de fondos de pensiones que así lo soliciten. Ante el manejo improcedente y apresurado de un tema de tanta trascendencia para el futuro de los trabajadores y para la economía nacional, la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) expresa su rechazo a dicho proyecto de Ley, y hace un llamado a la reflexión y a la sensatez a todos los sectores de la vida nacional.


En su misión de administrar y cuidar, con transparencia y estricto apego a las leyes vigentes el
patrimonio de los afiliados, las AFP miembros de la ADAFP, dan a conocer su posición en
relación con las graves consecuencias que tendría una nueva modificación de la Ley 87-01,
todas luces inviable, sin las debidas ponderaciones y necesaria participación de los
trabajadores afiliados y de sus empleadores, ni de las autoridades gubernamentales, los tres
actores fundamentales del sistema previsional.


En tal virtud, llamamos a la reflexión en torno a algunos de los principales efectos negativos
que implica seguir adelante con ese proyecto de Ley:


• Los fondos de pensiones fueron creados con el fin de garantizar un retiro de calidad a
los trabajadores afiliados. Con el adelanto de un 30%, estos asumirían con sus propios
ahorros el costo de la crisis económica provocada por el Covid-19, cuando ese es un
deber del Estado, para lo cual hizo una emisión de bonos soberanos denominados
Covid-19 por RD$40 mil millones.
• En razón del impacto negativo que tendría en la economía, encareciendo los precios y
debilitando nuestra moneda, el valor de la pensión de los trabajadores disminuiría
doblemente: por retirar parte de los ahorros obtenidos hasta la fecha y, además, por las
implicaciones que la operación tendría en el valor patrimonial de los fondos,
colocándolos en una situación de precariedad a futuro.
• Como señaló el gobernador del Banco Central, la modificación de la Ley 87-01 tendría
consecuencias perversas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, así como
para la estabilidad y el crecimiento económico. Aumentaría desproporcionadamente la
emisión monetaria en más de 64% respecto al nivel actual, provocaría altos índices de
inflación, mayor presión y deslizamiento de la tasa de cambio, incremento de las tasas
de interés y reduciría el poder adquisitivo de las personas, en particular de los hogares
de menores ingresos.

• Estas consecuencias negativas también han sido advertidas por el Ministerio de
Hacienda, la Superintendencia de Pensiones, el Consejo Nacional de la Empresa
Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la
Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), sindicatos, los partidos políticos
mayoritarios, y expertos en economía y pensiones de nuestro país y el extranjero.


• Como ha sido concebido, el proyecto de Ley es inviable por múltiples razones. Estas
van desde la logística que exige la entrega de más de RD$175 mil millones a los
trabajadores en un plazo de diez días, hasta la gestión de esos fondos, imposibles de
conseguir a través de la venta de títulos al Banco Central o a los bancos comerciales,
debido a la cuantía de los mismos, a lo que se agrega el efecto adverso en la economía
nacional. En el caso de que estos sean vendidos en el mercado internacional, hay que
señalar que en el momento actual estos tendrían que venderse muy por debajo de su
valor, resultando una operación onerosa para los trabajadores.
• Dada la obvia inviabilidad de este proyecto de Ley, no es prudente alimentar
expectativas que puedan crear frustración y crispación social en un segmento de la
población.


El Sistema Dominicano de Seguridad Social es una de las principales conquistas de la
sociedad dominicana contemporánea. Su creación fue posible gracias al diálogo tripartito
entre trabajadores, empleadores y Estado. De igual modo, su mejoramiento solo será posible
mediante un proceso de reflexión conjunta de los sectores involucrados, en un diálogo de
buena voluntad, por encima de intereses particulares y coyunturales.

Pasadas las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio próximo y fuera de la inmediatez que marca el período electoral, la ADAFP hace suyo el compromiso de esta cita, con la esperanza y la
confianza de que primarán la buena fe y el compromiso de las partes para mejorar la calidad
de vida de los trabajadores dominicanos y contribuir con la estabilidad económica del país.

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