Una reforma necesaria para la protección de la niñez

Por: Ligia Perez Peña

Presidir el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) ha significado asumir una de las mayores responsabilidades de mi vida. Detrás de cada decisión existen historias reales, familias y miles de niños, niñas y adolescentes que necesitan protección, oportunidades y esperanza.

Pienso en los más de 2,000 niños, niñas y adolescentes que actualmente se encuentran bajo protección del Sistema. También pienso en cada madre y padre que trabaja y sueña diariamente por el bienestar de sus hijos e hijas y la posibilidad de un país que garantice las oportunidades para su desarrollo.

A partir de la década de los noventa, en el país se inició la construcción de un sistema de protección a la niñez, teniendo como punto de partida la Ley No.14-94, que crea el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta normativa representó el primer gran esfuerzo por adecuar el ordenamiento jurídico nacional a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada previamente por el país.

Las limitaciones de esta ley y la necesidad de una mayor coherencia con los estándares internacionales impulsaron un proceso de reforma a inicios de los años 2000, que culminó con la promulgación de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual consolidó el sistema de protección integral y transformó definitivamente la concepción de la persona menor de edad como objeto de tutela a sujeto pleno de derecho.

Esta Ley estableció procedimientos y garantías más robustas. Sin embargo, históricamente han persistido desafíos y brechas para garantizar su plena efectividad, y es así como hoy ya no responde de manera suficiente a las transformaciones sociales, jurisprudenciales, institucionales y técnicas ocurridas en los últimos veinte años, y, a dos décadas de su promulgación, ya constituye un compromiso de Estado su reforma y actualización, con el propósito de responder a los retos del presente.

Hoy los niños, niñas y adolescentes viven situaciones radicalmente distintas, acceden a información y aprenden de manera diferente, están expuestos a nuevas situaciones, las instituciones y la sociedad en general los mira de manera distinta. Por ello y muchas razones más se hace imperioso reformar el código con el objetivo de responder técnica y socialmente a las realidades que se plantean en la actualidad.

Según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples con metodología MICS 2019, el 63.5 % de los niños, niñas y adolescentes recibió algún método violento de disciplina. Asimismo, la ENHOGAR 2024 revela que el 24.9 % de las mujeres de 20 a 24 años se casó o unió antes de cumplir los 18 años, mientras que el 4.8% lo hizo antes de los 15. Aunque el país ha logrado avances importantes con el diseño y aplicación de la Política de Prevención y Atención de Uniones Tempranas y Embarazo en Adolescentes, aún persisten desafíos significativos. Estos datos nos recuerdan que fortalecer el Sistema de Protección no es una opción, sino una necesidad impostergable.

Es en este contexto, que desde CONANI, con la aprobación de nuestro Directorio Nacional, bajo el liderazgo del Gabinete de Niñez y Adolescencia, GANA, y junto al Ministerio de la Presidencia, se coordina el proceso de reforma de la Ley 136-03, dentro del cual se contempló la realización de un diagnóstico exhaustivo con la participación de más de 70 actores de gobierno, sistema judicial, sociedad civil, sector privado, organismos internacionales, y por primera vez, más de 900 niños, niñas y adolescentes fueron escuchados sobre sus expectativas para la nueva Ley.

En este ejercicio se identificaron algunas necesidades como la de reforzar la coherencia interna del Código, reducir la dispersión normativa, modernizar conceptos jurídicos esenciales, fortalecer la capacidad institucional y garantizar procedimientos especializados, ágiles y centrados en el interés superior del niño.

Se analizaron los cuatro libros que conforman el Código, evidenciando brechas conceptuales y vacíos normativos en materia de principios rectores y catálogo de derechos fundamentales, así como la necesidad de fortalecer la estructura del Sistema Nacional de Protección y al CONANI como ente rector.

Los hallazgos fueron claros: se requiere un sistema más articulado, donde las instituciones actúen de manera coordinada y coherente; reglas más claras que eviten dilaciones innecesarias; mecanismos que fortalezcan la prevención; y una protección efectiva que alcance también los entornos digitales, ya que los niños, las niñas y adolescentes crecen en estas nuevas dinámicas sin una regulación plenamente desarrollada.

Asimismo, los acontecimientos que involucran a niños, niñas o adolescentes bajo protección del Estado, nos recuerdan la enorme responsabilidad que tenemos como sociedad de garantizar su bienestar y protección, y reafirman la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema. Los perfiles de quienes requieren hoy medidas de protección son más complejos y demandan respuestas más especializadas, un esfuerzo permanente de mejora y aprendizaje.

En este proceso se evidenció la necesidad de actualizar aspectos vinculados a las familias, la responsabilidad parental, fortalecer los procesos de adopción, agilizar los mecanismos de pensión alimentaria, desconcentrar la gestión de los servicios residenciales y modernizar el sistema de justicia penal juvenil para que sea verdaderamente socioeducativo, restaurativo y que los adolescentes que entran en conflicto con la ley penal puedan reinsertarse positivamente en la sociedad.

Esta no es una reforma para modificar artículos y un proceso de una institución, debe ser una reforma del país para fortalecer el sistema y mejorar su capacidad de respuesta ante las realidades actuales.

La autora es presidenta ejecutiva del CONANI