El arroz dominicano cambia de era: de la protección de 1974 al nuevo desafío comercial
República Dominicana afronta un nuevo escenario para el arroz estadounidense mientras defiende su producción nacional
Por Ana Celia Castillo
Santo Domingo.- La derogación del régimen arancelario específico aplicado al arroz desde 2024 coloca a República Dominicana ante un nuevo escenario comercial, en el que deberá conciliar sus compromisos con Estados Unidos con la defensa de una producción nacional que en los últimos años ha alcanzado niveles capaces de garantizar el abastecimiento interno.
El Decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre de 2026, derogó el Decreto 693-24, que establecía un arancel del 20 % ad valorem dentro del contingente y del 99 % fuera de este, además de una cuota preferencial de 23.300 toneladas métricas de arroz originario de Estados Unidos con arancel cero.
La derogación se produjo en medio de conversaciones comerciales con Estados Unidos sobre las condiciones de acceso de productos agrícolas al mercado dominicano. Dos días después de la emisión del Decreto 635-26, el 11 de septiembre, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) destacó la importancia de eliminar el Decreto 693-24 en relación con el acceso del arroz estadounidense bajo el DR-Cafta. La cronología, sin embargo, muestra que la decisión dominicana fue adoptada antes de esa declaración pública.
El propio presidente Luis Abinader había señalado el 4 de septiembre que el arroz constituía uno de los principales puntos de negociación con las autoridades estadounidenses en las conversaciones sobre tarifas, debido a la importancia estratégica del cultivo para la economía, el abastecimiento interno y la seguridad alimentaria.
En este nuevo escenario, el presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos, Ricardo Rosario, considera necesario mantener mecanismos que contribuyan a defender la producción dominicana.
En declaraciones ofrecidas en el programa El Cafecito de Hoy, Rosario sostuvo que el Gobierno debe preservar el interés nacional frente a las nuevas condiciones comerciales y planteó una medida concreta para diferenciar el producto importado del nacional.
Su propuesta es que, si llega arroz importado, sea comercializado en los envases originales en los que entra al país y no sea mezclado con el arroz dominicano.
Rosario pidió que esa iniciativa sea evaluada por las autoridades agropecuarias, la Comisión de Importaciones y el Gobierno, con el propósito de facilitar al consumidor la identificación del origen del producto.
El dirigente comercial también destacó la defensa que, según su valoración, ha realizado el Gobierno del sector arrocero y recordó las inversiones acumuladas durante años por propietarios de factorías y marcas nacionales en plantas, maquinaria, procesamiento y posicionamiento comercial.
El debate se produce cuando el país cuenta con una elevada capacidad productiva. En 2025, República Dominicana produjo 14,78 millones de quintales de arroz, equivalentes a más de un millón de toneladas métricas de arroz paddy, según el Ministerio de Agricultura.
La institución informó además en abril de 2026 que el país cultiva aproximadamente 1,5 millones de tareas de arroz y realiza dos cosechas al año. Para ese momento, Agricultura reportaba inventarios superiores a cinco millones de quintales, sin incluir la producción en curso.
En septiembre, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, afirmó que desde enero de 2026 no había sido necesario autorizar importaciones de arroz para suplir el mercado nacional y situó los inventarios en alrededor de 7,2 millones de quintales.
Una historia de protección que comenzó en 1974
La defensa de la producción arrocera dominicana no es nueva. Tiene un antecedente directo en las políticas agrícolas adoptadas hace más de cinco décadas.
En 1974, durante el Gobierno de Joaquín Balaguer, el Decreto 4773, del 2 de agosto, declaró de “alto interés nacional” el incremento de la producción de arroz.
La disposición estableció además que, a partir del 1 de enero de 1975, quedaba prohibida la importación de arroz, salvo las excepciones contempladas por el propio decreto para situaciones en las que circunstancias extraordinarias provocaran una producción insuficiente para atender el consumo interno.
Tres días después, el Decreto 4778, del 5 de agosto de 1974, creó el Departamento de Fomento Arrocero, adscrito a la entonces Secretaría de Estado de Agricultura, con participación de organismos como el Instituto Agrario Dominicano, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Banco Agrícola y el Instituto de Estabilización de Precios. Su finalidad era impulsar la producción arrocera y coordinar acciones de apoyo a los productores.
La política de fomento de aquellos años coincidió con procesos de investigación y desarrollo de variedades. En 1972, en la Estación Experimental Juma, fueron obtenidas las variedades Juma 57 y Juma 58, consideradas entre las primeras desarrolladas en el país mediante cruzamientos artificiales.
Más de medio siglo después, el escenario es distinto. República Dominicana cuenta con una producción arrocera de gran escala y con capacidad para abastecer buena parte de su consumo, pero enfrenta nuevamente el desafío de compatibilizar esa fortaleza productiva con compromisos comerciales internacionales.
La derogación del Decreto 693-24, por sí sola, no permite concluir que todas las importaciones de arroz hayan quedado automáticamente libres de aranceles, requisitos sanitarios o controles aduaneros. Lo que queda sin efecto es el régimen específico establecido por esa disposición. Las condiciones concretas de entrada del cereal dependerán del marco comercial, arancelario, aduanero y sanitario vigente.
Así, el nuevo capítulo del arroz dominicano va más allá de una discusión sobre aranceles. El desafío será preservar una capacidad productiva construida durante décadas, cumplir los compromisos internacionales y, al mismo tiempo, garantizar al consumidor información clara sobre el origen del arroz que llega a su mesa.
