EEUU anuncia restricciones de visados a funcionarios europeos «cómplices de la censura contra la libertad de expresión de estadounidenses»
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha anunciado este miércoles que su Gobierno ha puesto en marcha «una nueva política de restricción de visas que se aplicará a los extranjeros responsables de censurar la libertad de expresión en Estados Unidos«. Históricamente, Washington ha criticado a Rusia, Irán o China por restringir la libertad de expresión, pero la Administración Trump tiene ahora en la diana a la Unión Europea, y en concreto a las leyes de contenido digital aprobadas la pasada legislatura comunitaria que imponen una serie de obligaciones a las grandes tecnológicas y a las redes sociales, y que la Casa Blanca considera «cómplices» en una campaña de hostigamiento contra la libertad de expresión.
«Es inaceptable que funcionarios extranjeros emitan o amenacen con emitir órdenes de arresto contra ciudadanos o residentes estadounidenses por publicaciones en redes sociales en plataformas estadounidenses mientras se encuentren físicamente en territorio estadounidense. Es igualmente inaceptable que funcionarios extranjeros exijan que las plataformas tecnológicas estadounidenses adopten políticas globales de moderación de contenido o participen en actividades de censura que excedan su autoridad y se extiendan a Estados Unidos. No toleraremos intrusiones en la soberanía estadounidense, especialmente cuando dichas intrusiones socaven el ejercicio de nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión», dice el comunicado remitido hoy por el Departamento de Estado.
La gran ironía es que la notificación llega apenas un día después de que el propio Rubio ordenara a todas las embajadas y consulados de EEUU por el mundo que interrumpieran las entrevistas para conceder visados de estudiante a aspirantes a entrar en universidades norteamericanas, precisamente para ver si el contenido de las redes sociales de esos jóvenes es considerado hostil hacia el Gobierno y sus políticas.
Rubio, mientras quita visados a estudiantes por criticar a Israel, mientras Trump pone pleito tras pleito a medios de comunicación por lo que dicen y cuentan, o mientras el ministro de Salud Robert F. Kennedy Jr. amenaza con prohibir a los científicos del Gobierno publicar en las principales revistas médicas del mundo, a las que califica de «corruptas», afirma que «la libertad de expresión es uno de los derechos más preciados que disfrutamos como estadounidenses. Este derecho, consagrado legalmente en nuestra Constitución, nos ha distinguido como un ejemplo de libertad en todo el mundo. Incluso mientras tomamos medidas para rechazar la censura en nuestro país, observamos casos preocupantes de gobiernos y funcionarios extranjeros que toman las riendas».
El Ejecutivo lleva meses jugando la baza de la libertad de expresión. El primero en esgrimirla contra la UE y contra Europa en general fue el vicepresidente J. D. Vance, que en unas polémicas declaraciones durante la Conferencia de Seguridad de Múnich dijo que estaba muy preocupado por la deriva de las libertades en el viejo continente, defendiendo a la extrema derecha alemana, por ejemplo.
Rubio dice ahora que «durante demasiado tiempo, los estadounidenses han sido multados, acosados e incluso acusados por autoridades extranjeras por ejercer su derecho a la libertad de expresión» y medidas punitivas contra los «funcionarios extranjeros y personas cómplices de la censura contra estadounidenses. La libertad de expresión es esencial para el estilo de vida estadounidense: un derecho innato sobre el cual los gobiernos extranjeros no tienen autoridad», añade. «Los extranjeros que trabajan para socavar los derechos de los estadounidenses no deberían tener el privilegio de viajar a nuestro país. Ya sea en Latinoamérica, Europa o cualquier otro lugar, se acabaron los días de trato pasivo para quienes trabajan para socavar los derechos de los estadounidenses».
No habla en sus mensajes ni comunicados de nadie en concreto, pero se refiere, al menos en otros casos, a la Ley de Servicios Digitales de la UE, que pone limitaciones a las empresas tecnológicas y, sobre todo, a las estadounidenses, que son las más grandes. Y a las normas contra la desinformación, que afecta a las redes sociales y que obliga a moderar contenidos y a dedicar recursos para evitar injerencias. Algo que ha sido muy controvertido en las elecciones de Rumanía este año, por ejemplo, un caso en el que Washington se ha alineado claramente con los candidatos nacionalistas prorrusos y antieuropeos.
En un post publicado en un blog del Departamento de Estado este martes, un alto funcionario apuntaba a Reino Unido, denunciando que «la policía está arrestando a cristianos, como Adam Smith-Connor y Livia Tossici-Bolt, por rezar en silencio frente a clínicas de aborto. En 2023, más de 12.000 ciudadanos británicos fueron arrestados por publicaciones en línea, incluyendo comentarios críticos con la crisis migratoria europea, que las autoridades consideraron ‘extremadamente ofensivas'».
O Alemania donde «el Gobierno ha establecido sistemas complejos para monitorear y censurar la libertad de expresión en línea con el pretexto de combatir la desinformación y prevenir delitos. Cuando los ciudadanos alemanes expresan preocupaciones legítimas sobre el impacto económico y social de la globalización o critican a los políticos, se arriesgan a ser multados, etiquetados como radicales o incluso a que las fuerzas del orden registren sus hogares. La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, diseñada para proteger a los niños del contenido dañino en línea, se utiliza, en cambio, para silenciar las voces disidentes mediante una moderación de contenido orwelliana. Reguladores independientes ahora vigilan a las empresas de redes sociales, incluyendo importantes plataformas estadounidenses como X, y amenazan con multas cuantiosas por incumplimiento de sus estrictas regulaciones sobre la libertad de expresión».
La cruzada también afecta a los funcionarios y magistrados brasileños, tras una gran disputa entre el propietario de X, Elon Musk, y el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, tras la orden de la plataforma de redes sociales de eliminar publicaciones.
A principios de año, el Congreso empezó a debatir un proyecto de ley conocido como Sin censura en nuestras costas, elaborado por los republicanos y con el visto bueno del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. El comunicado del Departamento de Estado dice que la nueva política de restricción de visas se basa en la Ley de Inmigracióny Nacionalidad, que «autoriza al secretario de Estado a declarar inadmisible a cualquier extranjero cuya entrada a Estados Unidos «pudiera tener consecuencias potencialmente adversas y graves para la política exterior de Estados Unidos». Ciertos familiares también podrían estar sujetos a estas restricciones.