Tres amnistías fiscales en cinco años: el Estado ha recuperado más de RD$37,755 millones de contribuyentes morosos
Las amnistías tributarias se han convertido en una herramienta recurrente de política fiscal en República Dominicana. En apenas cinco años y medio, el Estado ha aprobado tres mecanismos para facilitar el pago de deudas con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), una estrategia que ha permitido recaudar más de RD$37,755 millones, pero que también genera cuestionamientos sobre su impacto en la disciplina tributaria y la equidad entre los contribuyentes.
Santo Domingo. La aprobación de una nueva amnistía fiscal, incorporada en el artículo 8 de la reciente ley del plan anticrisis, marca la tercera ocasión desde 2020 en que el Gobierno recurre a este mecanismo para incentivar el pago de obligaciones pendientes con el fisco. La medida busca aumentar la liquidez del Estado en un contexto de mayores presiones sobre las finanzas públicas, al tiempo que ofrece a los contribuyentes la posibilidad de regularizar su situación tributaria con reducciones en recargos e intereses.
Las cifras oficiales muestran que las dos primeras iniciativas generaron ingresos por RD$37,755.8 millones entre 2020 y 2024. La primera amnistía, impulsada mediante la Ley 46-20 y posteriormente modificada, aportó alrededor de RD$29,591.5 millones, mientras que la segunda produjo RD$8,164.3 millones, reflejando una disminución en el impacto recaudatorio de estas medidas.
Desde la perspectiva fiscal, estas iniciativas representan una fuente rápida de recursos sin necesidad de crear nuevos impuestos. Sin embargo, especialistas advierten que el uso frecuente de amnistías puede generar un efecto contraproducente: algunos contribuyentes podrían retrasar deliberadamente el pago de sus obligaciones esperando futuras facilidades o condonaciones, debilitando así la cultura de cumplimiento voluntario.
El nuevo régimen establecido por el plan anticrisis no elimina el capital adeudado, pero limita significativamente los recargos e intereses bajo determinadas condiciones, siempre que el contribuyente desista de los recursos administrativos o judiciales que haya interpuesto contra la Administración Tributaria.
El desafío para la DGII será equilibrar la necesidad inmediata de recaudar con el fortalecimiento de los mecanismos permanentes de fiscalización. Si bien las amnistías han demostrado ser efectivas para captar ingresos extraordinarios, la sostenibilidad de las finanzas públicas dependerá, en el largo plazo, de ampliar la base de contribuyentes cumplidores y reducir la evasión sin depender periódicamente de nuevos perdones fiscales.
