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Periodistas y abogados encaran el futuro de la expresión en el país: la ley que lo cambiaría todo»

La propuesta de un nuevo marco legal para regular la libertad de expresión en República Dominicana, discutida en la PUCMM, es vista por algunos como un paso necesario ante los cambios tecnológicos, pero por otros como una amenaza al ejercicio libre del periodismo y la opinión ciudadana.

Durante el panel, Aníbal de Castro afirmó que el país necesita una ley que sustituya los vestigios legales heredados del trujillismo, pero advirtió que debe construirse con plena participación de la sociedad civil. “Una ley sin consulta es una ley sospechosa”, sentenció.

Fausto Rosario agregó que cualquier reforma debe tomar en cuenta el rol democratizador de las redes sociales. “Antes, solo los medios decidían qué era noticia. Hoy, cualquier ciudadano puede denunciar, vigilar, hacer periodismo. Eso incomoda a los poderosos”, aseguró.

El conversatorio concluyó con un llamado colectivo a equilibrar la necesidad de orden en el espacio digital con la defensa irrestricta del derecho a opinar, criticar y cuestionar sin miedo.

Aclaró que el proyecto regularía figuras «como la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que opera como un verdadero monstruo legítimo, sin control legal. Sin embargo todo lo que está en el proyecto está sujeto a que se maneje con orden».

Sobre la dirección del nuevo órgano regulador, el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), aseguró que su función principal será promover y garantizar la libertad de expresión«.

  • También defendió que los usuarios de plataformas digitales estarán protegidos. «El proyecto obliga al Instituto a acompañarlos cuando plataformas ejerzan actos de discriminación que afecten sus derechos».

Agregó que «incluso, el proyecto obliga a las grandes plataformas a transparentar sus algoritmos», y citó el artículo 100 como ejemplo de previsión legal: «Los medios de comunicación tienen derecho a preservar sus archivos informativos en línea, sin estar sujetos a la garantía de veracidad, sino al ejercicio del derecho a la información«.

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