Congestionamiento en el Gran Santo Domingo: ¿por qué colapsa el tránsito pese a la intervención de las autoridades?

La congestión vehicular expone un problema multifactorial que desafía la movilidad urbana, la productividad económica y la calidad de vida de miles de ciudadanos.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.— El congestionamiento vehicular en el Gran Santo Domingo se ha convertido en uno de los principales desafíos de la movilidad urbana, con consecuencias que van más allá del tiempo que pierden diariamente miles de conductores y pasajeros atrapados en largas filas. El fenómeno repercute en la productividad laboral, el transporte de mercancías, el consumo de combustible, la contaminación ambiental y la calidad de vida de la población.

En medio de las constantes quejas ciudadanas por los prolongados taponamientos, el coronel Rafael Tejeda Baldera, encargado de comunicaciones de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), defendió el accionar de las autoridades al señalar que la congestión no puede atribuirse exclusivamente a una supuesta falta de vigilancia o intervención de los agentes.

“Los congestionamientos no se dan por falta del accionar de la autoridad, se dan por múltiples razones, eso es multifactorial”, sostuvo durante el seminario Transporte: causa y efecto de los accidentes de tránsito, organizado por la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU).

Sin embargo, su declaración plantea una interrogante fundamental: si el problema tiene múltiples causas, ¿cuáles son y qué resultados están produciendo las medidas aplicadas para reducirlo?

Un problema que va más allá de los agentes de tránsito

La presencia de agentes en las principales intersecciones y avenidas constituye una parte de la gestión del tránsito, pero no necesariamente resuelve todos los factores que generan los congestionamientos.

Entre las variables que deben examinarse figuran el crecimiento del parque vehicular, la concentración de desplazamientos en horas pico, la capacidad de las vías, las detenciones en lugares prohibidos, las maniobras de vehículos del transporte público, la ocupación de carriles, los accidentes y las interrupciones ocasionadas por obras.

También resulta necesario evaluar la coordinación de los semáforos, la planificación de los desvíos, la fiscalización de las infracciones y la disponibilidad de alternativas de transporte colectivo.

Estos factores no tienen el mismo peso en todas las zonas ni en todos los horarios. Por eso, determinar las causas específicas de los taponamientos exige información sobre los puntos críticos, los volúmenes de circulación y la duración de los retrasos.

La afirmación de la DIGESETT de que el fenómeno es multifactorial constituye una explicación general, pero no sustituye la necesidad de establecer qué variables tienen mayor incidencia en cada corredor vial.

La fiscalización bajo la lupa

La declaración del vocero de la DIGESETT también abre el debate sobre cómo medir la efectividad de la intervención de las autoridades.

No basta con contabilizar agentes desplegados, operativos realizados o infracciones notificadas. Para determinar si esas acciones contribuyen a mejorar la movilidad, es necesario conocer si disminuyen los tiempos de desplazamiento, se reducen las obstrucciones y mejora la circulación en los lugares intervenidos.

Una investigación completa debería examinar los registros de operativos, las multas impuestas por estacionamiento indebido, las intervenciones en intersecciones congestionadas y los protocolos aplicados ante accidentes y averías.

Asimismo, sería pertinente comparar las condiciones del tránsito antes y después de los operativos, considerando la hora, el día de la semana y el volumen de vehículos. Sin esa comparación, resulta difícil establecer cuánto del problema responde a deficiencias de fiscalización y cuánto a limitaciones estructurales de la infraestructura y del sistema de transporte.

La cuestión, por tanto, no consiste únicamente en determinar si las autoridades están presentes, sino en comprobar qué impacto tienen sus intervenciones sobre la circulación.

El costo económico y ambiental de los taponamientos

El congestionamiento también representa un costo para la economía dominicana. Las horas perdidas en el tránsito reducen el tiempo disponible para trabajar, estudiar y realizar actividades productivas. A esto se suman el combustible consumido durante las detenciones y los desplazamientos prolongados, los retrasos en la distribución de mercancías y el desgaste de los vehículos.

Desde el punto de vista ambiental, el tránsito lento y las detenciones frecuentes pueden incrementar el consumo de combustible y las emisiones por kilómetro recorrido, aunque la magnitud del impacto depende del tipo de vehículo, la tecnología del motor y las condiciones de circulación.

La concentración de vehículos en corredores urbanos puede afectar, además, la exposición de residentes, peatones y trabajadores a contaminantes atmosféricos y ruido.

Para dimensionar estos efectos en el Gran Santo Domingo se necesitan mediciones locales de tiempos de viaje, consumo energético, calidad del aire y costos asociados a las demoras. Sin estos datos, cualquier cifra sobre las pérdidas económicas o el impacto ambiental sería una estimación que tendría que explicitar su metodología y sus límites.

Transporte público y planificación urbana: dos factores decisivos

La reducción sostenible de los congestionamientos no depende exclusivamente de ampliar las operaciones de vigilancia. También requiere examinar la capacidad y la integración del transporte público, la organización de las rutas, las condiciones de las paradas y la conexión entre los distintos medios de desplazamiento.

Cuando una proporción elevada de los viajes depende de vehículos particulares y las alternativas colectivas no responden adecuadamente a las necesidades de los usuarios, aumenta la presión sobre la infraestructura vial.

De igual manera, la distribución de las actividades comerciales, laborales y educativas influye en la cantidad de personas que se desplazan simultáneamente hacia determinados sectores.

Por ello, el análisis del tránsito debe articular la fiscalización con la planificación urbana, la gestión semafórica, la seguridad vial y las políticas de transporte colectivo. Las medidas aisladas pueden aliviar un punto durante determinado período, pero su efecto debe evaluarse dentro del funcionamiento general de la red vial.

Las preguntas que requieren respuestas oficiales

El diagnóstico del congestionamiento en el Gran Santo Domingo necesita información verificable que permita pasar de las explicaciones generales a resultados medibles.

Entre las preguntas que deben responder las instituciones competentes figuran:

• ¿Cuáles son los corredores viales con mayores retrasos y cómo ha evolucionado la congestión durante los últimos años?
• ¿Qué resultados han producido los operativos de la DIGESETT en los puntos críticos?
• ¿Cuánto inciden los estacionamientos indebidos, las paradas no autorizadas y los accidentes en la duración de los taponamientos?
• ¿Qué coordinación existe entre la DIGESETT, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), los ayuntamientos y las entidades responsables de la infraestructura vial?
• ¿Se publican indicadores que permitan comparar los tiempos de viaje antes y después de implementar medidas de gestión del tránsito?
• ¿Qué metas verificables existen para reducir los retrasos y mejorar la calidad del aire en las zonas más afectadas?

Las respuestas permitirían identificar responsabilidades institucionales, determinar qué medidas funcionan y establecer dónde se requieren cambios operativos o inversiones adicionales.

Conclusión: del diagnóstico a los resultados

La explicación ofrecida por el coronel Rafael Tejeda Baldera sitúa el congestionamiento vehicular dentro de un conjunto de causas que deben analizarse de manera integral. No obstante, reconocer que el problema es multifactorial también obliga a las instituciones a presentar evidencia sobre sus dimensiones, sus causas principales y los resultados de las medidas adoptadas.

La ciudadanía necesita algo más que explicaciones sobre la complejidad del tránsito: requiere desplazamientos más previsibles, intervenciones efectivas y datos que permitan evaluar el desempeño de las autoridades.

El desafío para el Estado dominicano consiste en convertir el diagnóstico del congestionamiento en una política de movilidad con objetivos medibles, coordinación institucional y resultados comprobables.