Reformas al Código Procesal Penal reavivan debate sobre prisión preventiva y peligro de fuga
La reciente modificación al Código Procesal Penal (CPP) de la República Dominicana ha encendido un amplio debate en el ámbito jurídico. Las reformas, aprobadas en primera lectura en el Congreso Nacional, introducen variaciones sustanciales en tres pilares del sistema de justicia: la valoración del peligro de fuga, la aplicación de la analogía y el alcance de la prisión preventiva como medida de coerción.
De acuerdo con el texto aprobado, el concepto de peligro de fuga se amplía al incluir factores subjetivos como la “actitud procesal del imputado”, su “capacidad económica” y su “conducta previa frente a las autoridades”. Juristas consultados por este medio advierten que esta redacción otorga una amplia discrecionalidad a los jueces, lo que podría derivar en decisiones basadas en percepciones más que en evidencias concretas.
Otro punto crítico es la introducción del principio de analogía en el proceso penal, una figura que históricamente ha sido limitada en materia punitiva para evitar la violación del principio de legalidad. La reforma permitiría al juez interpretar situaciones no previstas expresamente por la ley, “siempre que la analogía beneficie el interés de la justicia”. No obstante, penalistas temen que este cambio abra la puerta a interpretaciones arbitrarias y contradiga garantías constitucionales.
El tercer eje de la controversia se centra en la prisión preventiva. El nuevo texto refuerza su aplicación al ampliar los supuestos en los que puede ser dictada, incorporando la “preservación del orden público” como motivo válido. Organizaciones de derechos humanos y abogados defensores consideran que esta medida representa un retroceso, ya que podría consolidar la prisión preventiva como una regla general y no como una excepción, tal como establecen los estándares internacionales.
Mientras tanto, sectores del Ministerio Público y algunos legisladores defienden los cambios como una respuesta necesaria al aumento de la criminalidad y a la percepción ciudadana de impunidad. Alegan que el CPP vigente ha permitido la liberación de imputados peligrosos por fallas técnicas o interpretaciones excesivamente garantistas.
El debate ahora se traslada al Senado, donde se espera una intensa discusión entre quienes exigen fortalecer la seguridad pública y quienes advierten sobre el riesgo de sacrificar derechos fundamentales en nombre del control del delito. La reforma al Código Procesal Penal promete ser una de las más determinantes —y polémicas— del panorama judicial dominicano en los últimos años.