Presidente de la SCJ impulsa cambio estructural para descongestionar tribunales
Ante el evidente atasco de los tribunales penales del país, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, lanzó una de las advertencias más contundentes de los últimos años: el sistema judicial dominicano ya colapsó y no puede seguir resolviendo los casos penales exclusivamente mediante juicios de fondo.
Durante un encuentro con representantes de sectores institucionales y sociales en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, Molina afirmó que la sobrecarga procesal ha convertido el modelo tradicional en un obstáculo para la justicia efectiva. “No es posible resolver los casos penales de la República Dominicana con juicios de fondo. Si no se producen los acuerdos, el sistema no va a colapsar, ya colapsó”, sentenció.
Radiografía del problema
Fuentes del ámbito judicial consultadas indican que miles de expedientes permanecen en espera de audiencias por falta de tiempo, personal y salas disponibles. Cada juicio de fondo puede extenderse por meses o incluso años, generando un efecto dominó: retrasos, hacinamiento de causas, y una percepción pública de impunidad o lentitud extrema.
El modelo actual prioriza el litigio completo incluso en casos donde las partes podrían alcanzar salidas alternas, como acuerdos abreviados, conciliaciones o criterios de oportunidad. Esto consume recursos que podrían destinarse a los procesos más complejos y de mayor impacto social.
La propuesta de Molina: acuerdos como política judicial
Molina plantea que los acuerdos entre las partes se conviertan en un eje central de la justicia penal, no como excepción, sino como norma en determinados tipos de casos. Según explicó, este mecanismo permitiría:
- Reducir significativamente la mora judicial.
- Agilizar las etapas procesales.
- Descongestionar cárceles preventivas al acortar tiempos de resolución.
- Fortalecer la confianza ciudadana en el sistema.
La iniciativa también supone un cambio cultural dentro del Poder Judicial, donde jueces, fiscales y abogados deberán priorizar soluciones negociadas frente a la confrontación procesal tradicional.
Riesgos y desafíos
Expertos advierten que la expansión de los acuerdos debe ir acompañada de controles estrictos para evitar arbitrariedades, desigualdad entre las partes o negociaciones que perjudiquen a las víctimas. El reto principal será garantizar transparencia, supervisión judicial efectiva y respeto a los derechos fundamentales.
Además, sectores sociales reclaman que esta transformación no se limite a un discurso, sino que venga acompañada de reformas normativas, inversión tecnológica y fortalecimiento del Ministerio Público.
Un punto de inflexión
Las declaraciones de Molina marcan un antes y un después en el debate sobre la reforma judicial en República Dominicana. Al admitir públicamente que el sistema ya colapsó, el presidente de la SCJ coloca sobre la mesa una verdad incómoda: sin acuerdos, sin modernización y sin voluntad política, la justicia penal seguirá atrapada en su propia lentitud.
El mensaje es claro: o se transforma el modelo de resolución de casos, o el sistema judicial continuará acumulando expedientes sin respuestas, con graves consecuencias para la seguridad jurídica y la credibilidad institucional del país.