Operación Cobra: la Procuraduría destapa una red de corrupción que golpeó a SeNaSa por miles de millones
La acusación sostiene que durante años funcionó una estructura criminal dentro del Seguro Nacional de Salud, dirigida desde los más altos niveles, mediante maniobras financieras, falsificación de documentos y el uso ilícito de programas especiales para desviar fondos públicos.
La acusación de la Procuraduría en el caso Cobra
La Procuraduría General de la República afirma que en SeNaSa operó una red de corrupción estructurada, sostenida y deliberada, encabezada por el exdirector ejecutivo de la institución y apoyada por funcionarios internos y proveedores externos. De acuerdo con el expediente, esta estructura habría manipulado procesos administrativos y financieros con el propósito de desviar recursos que superan los quince mil millones de pesos, afectando de forma directa el presupuesto destinado a la cobertura de salud de miles de asegurados.
Según la acusación, los imputados crearon mecanismos paralelos para justificar pagos irregulares, amparándose en programas especiales sin sustento legal, en la alteración de estados financieros y en el uso de documentos falsificados. Dentro del esquema también se describe un sistema de sobornos que permitía la aprobación acelerada de transacciones y contratos previamente acordados al margen de la ley. La Procuraduría sostiene que el dinero extraído del erario fue movilizado a través de empresas vinculadas y de personas interpuestas, lo que conforma un circuito de lavado de activos destinado a ocultar el origen ilícito de los fondos.
La operación incluyó múltiples allanamientos ordenados por el Ministerio Público, durante los cuales se produjeron arrestos, incautaciones de dispositivos electrónicos y la identificación de nuevas personas físicas y jurídicas relacionadas con la maniobra, muchas de las cuales continúan bajo investigación.
Delitos atribuidos por el Ministerio Público
El expediente de la Procuraduría reúne acusaciones por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, cohecho, estafa contra el Estado, desfalco, distracción de fondos públicos, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. La institución sostiene que estos ilícitos fueron ejecutados de manera coordinada para sostener un sistema que operó durante años, erosionó la integridad financiera de SeNaSa y vulneró recursos esenciales destinados a cubrir servicios médicos de la población más vulnerable.
Imputados y participación señalada por la Procuraduría
El expediente atribuye a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa, la condición de principal articulador del entramado. Según la acusación, habría encabezado el diseño y operación del sistema de desvíos, autorizando pagos irregulares, interviniendo en procesos administrativos y beneficiándose de la estructura mediante sobornos y operaciones de lavado.
Junto a él, la Procuraduría identifica a varios funcionarios internos responsables de áreas como finanzas, compras, auditoría y administración de programas especiales. Estos habrían validado documentos adulterados, facilitado pagos sin respaldo, manipulado registros contables e intervenido para garantizar que proveedores relacionados con la red recibieran contratos y desembolsos sin cumplir los requerimientos establecidos.
El Ministerio Público también describe la participación de empresas y proveedores externos que, según la acusación, sirvieron como vehículos para recibir fondos públicos mediante facturación inexistente o inflada, así como para movilizar dinero a través de transferencias encadenadas destinadas a ocultar su origen.
Propósito de la acción penal
La Procuraduría establece que la meta inmediata es asegurar responsabilidad penal proporcional a la magnitud de los hechos imputados. De manera paralela, persigue la recuperación de los recursos sustraídos al Estado mediante el embargo de bienes, congelamiento de cuentas y localización de activos asociados al esquema ilícito.