Defensa Pública alertó al menos 2,220 personas permanecen privadas de libertad por no poder cumplir con garantía económica
La Oficina Nacional de Defensa Pública alertó que, al cierre de 2024, al menos 2,220 personas permanecen privadas de libertad en República Dominicana por no poder cumplir con medidas de coerción de garantía económica impuestas por los tribunales.
Durante el segundo “Panel de Expertos” sobre el sistema judicial penal, Marcia Ángeles, coordinadora del Departamento Judicial de Santiago, explicó que aunque los jueces no impongan prisión preventiva, muchas veces ordenan garantías económicas que resultan imposibles de pagar. “Tenemos personas presas por montos desde 500 hasta 20,000 pesos. Solo con fianzas menores a 500 pesos hay cerca de 500 personas detenidas”, afirmó.
La jueza María Garabito advirtió sobre las deficiencias en el acceso a salud dentro del sistema penitenciario, y Mirna Ortiz, de la PEPCA, señaló que existen alternativas a las garantías económicas, como el uso de fianzas a través de compañías aseguradoras.
La Escuela Nacional de la Judicatura identificó como una debilidad la falta de una oficina probatoria que evalúe las condiciones socioeconómicas del imputado, lo que limita la individualización justa de las penas.
Ángeles también denunció la falta de centros para jóvenes adultos, lo cual expone a los recién egresados del sistema de menores a condiciones penitenciarias inadecuadas.