Estas son las 47 empresas a las que Compras y Contrataciones canceló el registro de proveedor del Estado
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dispuso la cancelación y suspensión de 47 registros de proveedores del Estado (RPE), correspondientes a personas físicas y jurídicas condenadas o procesadas por delitos contra la Administración pública.
La medida fue oficializada mediante la Resolución núm. DGCP-44-2025-003701, emitida este lunes, y se fundamenta en informaciones suministradas por la Procuraduría General de la República, así como en lo dispuesto por la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración.
Detalles de la resolución
- 21 registros cancelados de manera definitiva: corresponden a proveedores condenados por corrupción con acuerdo homologado.
- 14 registros suspendidos provisionalmente: pertenecen a proveedores procesados penalmente, hasta que exista una decisión judicial firme.
- 12 registros suspendidos automáticamente: aplicados a empresas cuyos socios o directivos han sido condenados, como medida preventiva.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzán, afirmó que la decisión busca garantizar la integridad del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.
“Con esta resolución reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer los controles y asegurar que ningún proveedor condenado por corrupción pueda beneficiarse de los recursos del Estado”, expresó.
Consecuencias de la medida
- Los proveedores con estatus de “cancelado” quedan inhabilitados de forma permanente para contratar con el Estado.
- Los proveedores “suspendidos” no podrán participar en procesos de contratación hasta que concluyan los procesos judiciales en curso.
La DGCP notificó la decisión a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Procuraduría General de la República para los fines legales correspondientes.
Finalmente, Pimentel subrayó que la acción envía un mensaje claro a la ciudadanía y al mercado público:
“La contratación pública debe ser un espacio de transparencia, integridad y respeto a la ley, libre de proveedores involucrados en actos de corrupción”.