Senadores de FP y PLD denuncian firmaron Código Penal sin las tres causales y sin leerlo
A falta de 30 días para el final del mandato de cuatro años de 2020 a 2024, el Senado de la República está considerando reintroducir una ley penal que no incluiría disposiciones sobre el aborto.
La obra fue reintroducida por el senador Rogelio Genao.
El artículo, que fue aprobado por 20 miembros de la Dieta, se hizo público sin haber sido leído y enviado a un comité especial.
Senadores como Bauta Roxas del estado Hermanas Mirabal. Iván Lorenzo, de Elías Piña, abandonó la cámara rechazando la aprobación «inminente» de la idea.
Mientras tanto, la senadora Ginette Brunigal de Puerto Plata dijo que la aprobación de este proyecto legislativo era innecesaria, pocos días antes de que concluyeran los trabajos del Congreso. Sin embargo, Genao tiene conocimiento de que las disposiciones contenidas en los documentos legales de su autor fueron aprobadas por los senadores con 23 votos a favor en segunda lectura y posteriormente transmitidas a partir de las disposiciones conocidas a principios de 2023. Aclaró y aseguró que no representan una desviación. Fue enviado a la Cámara de los Comunes, donde murió.
Según un comunicado de Genao, este paquete legislativo tiene como objetivo resolver casi 100 años de retrasos que afectan a República Dominicana y agregar más de 400 disposiciones importantes al Código Penal que aseguran la tipificación de delitos y actos delictivos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, nombró una delegación especial para investigar sin fijar un plazo, lo que deja poco claro el nivel de conocimiento sobre posibles cambios de cara a la próxima sesión legislativa del 16 de agosto.
De los Santos dijo que nombraría presidente a Santiago Zorilla. Sobre el asunto intervinieron los representantes Dionis Sánchez, José del Castillo, Iván Lorenzo, Antonio Taveras, Franklin Romero, Virgilio Sedano, Pedro Catrain, Ramón Rogério Genoa y Ría Díaz de Díaz, responsable de la redacción de los informes.
Como se indica en la explicación del documento presentado el año pasado, esta disposición muestra que el Estado puede cumplir sus funciones esenciales de protección efectiva de los derechos de sus ciudadanos y protección de sus intereses legales.
Además, permitiría un marco de libertad individual y justicia social coherente con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos.