Ley 47-25 permite al Gobierno salvaguardar más de RD$6,800 millones del patrimonio público mediante controles preventivos
La entrada en vigencia de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, a inicios de 2026, comienza a reflejarse en uno de los principales desafíos de la administración pública: evitar que los recursos del Estado sean comprometidos de manera ineficiente antes de que se produzcan irregularidades.
De acuerdo con las declaraciones del director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, los mecanismos de monitoreo implementados bajo el nuevo marco legal han permitido intervenir oportunamente diversos procesos y salvaguardar más de RD$6,800 millones del patrimonio público, cifra que se aproxima a los RD$7,000 millones.
El dato coloca el énfasis no solamente en cuánto dinero puede ahorrar el Estado, sino en cuánto puede evitar perder mediante controles anticipados. La diferencia es sustancial: mientras la fiscalización tradicional suele actuar cuando una irregularidad ya ocurrió, los sistemas de monitoreo buscan identificar señales de riesgo durante el desarrollo de los procesos de contratación.
Pimentel ha defendido precisamente este cambio de enfoque al señalar que la gobernanza pública debe superar la simple fiscalización y avanzar hacia una estructura institucional capaz de prevenir riesgos antes de que se conviertan en irregularidades.
La aplicación de la Ley 47-25 abre, por tanto, una nueva etapa para el sistema de compras públicas, en la que la tecnología, el monitoreo y la transparencia adquieren un papel determinante. Sin embargo, el verdadero impacto de estas herramientas deberá medirse no solo por el monto anunciado como salvaguardado, sino también por la capacidad del sistema para demostrar qué procesos fueron intervenidos, qué riesgos fueron detectados, cuáles fueron las correcciones aplicadas y cuánto representó cada intervención para las finanzas públicas.
Otro elemento relevante es la competencia dentro del mercado estatal. La Dirección General de Contrataciones Públicas plantea que la democratización del mercado público puede convertirse en un mecanismo para ampliar las oportunidades de participación, especialmente cuando los procedimientos garantizan condiciones de competencia entre los proveedores.
En ese contexto, la profesionalización de los servidores públicos también constituye una pieza clave. Un sistema de contrataciones más moderno requiere funcionarios capaces de identificar riesgos, interpretar las normas y utilizar herramientas tecnológicas para tomar decisiones sustentadas en criterios técnicos y de integridad.
El desafío ahora es convertir los RD$6,800 millones salvaguardados en un indicador verificable y sostenible de eficiencia pública. Para ello será fundamental que los resultados puedan ser auditados y conocidos con suficiente detalle por la ciudadanía, incluyendo los procedimientos afectados, las instituciones involucradas y las medidas adoptadas.
La nueva Ley 47-25 plantea así una interrogante que trasciende el monto anunciado: ¿puede el Estado dominicano transformar la prevención de irregularidades en una política permanente capaz de reducir pérdidas, fortalecer la competencia y elevar la confianza ciudadana en las compras públicas?
La respuesta dependerá de que los sistemas de control no funcionen únicamente como herramientas de reacción institucional, sino como una verdadera barrera preventiva frente al uso ineficiente o irregular de los recursos de todos los dominicanos.