Circunscripciones provinciales ya

Por: Jose Horacio Rodríguez

Lo reconozca públicamente o no, a quien gobierna le resulta demasiado tentador y atractivo tener “su” Congreso. Y el diseño del sistema electoral dominicano se lo pone en bandeja de plata, entre otras formas, con la gran cantidad de circunscripciones pequeñas para la composición de la Cámara de Diputados.

La combinación de aplicar el método D’Hondt para distribuir los escaños, con la conformación de circunscripciones pequeñas, viene provocando un problema in crescendo en la calidad del sistema democrático dominicano: alta concentración de poder por parte del partido gobernante, mínimo contrapeso legislativo y prácticamente nula fiscalización.

Actualmente, la gran mayoría de las 45 circunscripciones del país son pequeñas; en 36 de ellas se escogen 5 o menos diputados. Solo en 9 circunscripciones, se escogen 6 o más diputados, considerándose circunscripciones de un tamaño mediano.

De cara al año 2028, con la aplicación de la reforma constitucional que disminuyó de 178 a 158 los diputados territoriales, la Junta Central Electoral (JCE) deberá tomar una decisión clave: actualizar y/o rediseñar las circunscripciones electorales del país.

Contrario a lo que muchos piensan, la delimitación y conformación de las circunscripciones electorales no está definida en la ley ni la Constitución, sino que es una prerrogativa que el artículo 107 de la Ley de Régimen Electoral confiere a la JCE.

En consecuencia, la JCE se encuentra en una disyuntiva relevante: 1) mantener las mismas 45 circunscripciones existentes disminuyendo la cantidad de escaños de cada una; 2) fusionar algunas circunscripciones electorales para preservar una mínima cantidad de circunscripciones “medianas”; o 3) igualar cada provincia del país a una circunscripción electoral, como de hecho ocurre en 26 de las 31 provincias y el Distrito Nacional, dando paso a la existencia de al menos unas 3 circunscripciones grandes y nuevas circunscripciones medianas en las provincias de mayor población del país.

Veamos lo que sucede actualmente.

En las 14 circunscripciones electorales del país de solo 2 escaños, la primera mayoría obtuvo en las pasadas elecciones una votación promedio de 62.53%. De 28 diputaciones en juego, obtuvo 27, para un 96% de la representación, y una sobre representación de más del 30% con relación a sus votos alcanzados.

Cuando analizamos las circunscripciones “medianas” de 6 escaños o más, vemos que la primera mayoría obtuvo una votación promedio de 56.6%. Lo que se tradujo en 44 de 66 diputaciones en disputa, para un 66.67% de la representación. Esto es, un porcentaje de curules, aunque todavía 10% superior, mucho más cercano a la proporción real de votos obtenidos en urnas.

¿Por qué sucede esto?

Porque mientras más amplias son las circunscripciones electorales, más se asemeja la distribución de escaños en el Congreso a la proporción de votos que realmente obtuvo un partido al aplicarse el Método D’Hondt; y, por consiguiente, son más las posibilidades de garantizar una composición congresual que refleje de manera más legítima la voluntad popular. Al mismo tiempo se preserva la pluralidad de la representación política, y lo más importante, garantiza el mandato constitucional del artículo 209 sobre representación de las minorías.

En efecto, el artículo 209, numeral 2 de la Constitución dominicana dispone taxativamente que “Las elecciones se celebrarán conforme a la ley y con representación de las minorías cuando haya de elegirse dos o más candidatos”. En República Dominicana, a pesar de que la Constitución lo manda, esto no se ha venido cumpliendo.

Lejos de garantizar la representación de las minorías políticas, el sistema electoral dominicano las excluye. La aplicación del método D’Hondt, y la tendencia de la JCE a subdividir provincias para achicar la cantidad de escaños por circunscripción, ha hecho del régimen electoral dominicano uno que favorece sobremanera al gobernante de turno y distorsiona la voluntad popular, al otorgar una notoria sub representación en términos de proporción de votos obtenidos a las fuerzas políticas restantes.

A pesar de su cuestionable constitucionalidad, la JCE no puede cambiar el método D’Hondt, porque el mismo está determinado por Ley. Pero sí puede aprovechar la ocasión que le obliga a decidir mediante resolución cómo será la nueva distribución de diputados según la densidad poblacional de cada provincia, para ampliar el tamaño de las circunscripciones en aquellas provincias de mayor población y garantizar así que la distribución de curules se lleve a cabo en una proporción más simétrica al porcentaje de votación de cada fuerza política.

Desde Opción Democrática, la propuesta que hacemos es muy simple: que cada provincia y el Distrito Nacional sea una sola circunscripción.

La JCE tiene la pelota en su cancha. O acrecienta la distorsión en la representación con circunscripciones aún más pequeñas, o suaviza el efecto antidemocrático fusionando algunas circunscripciones, o se atreve a crear circunscripciones grandes que permitan una distribución más proporcional y donde las minorías políticas bien votadas puedan realmente alcanzar representación política.

De guiarse por el mandato constitucional, la disyuntiva está más que clara ¡Circunscripciones provinciales ya!