¿Quién supervisa las casas de cuido privadas en República Dominicana? El vacío legal que expone a niños y familias
Santo Domingo. El reciente presunto caso de maltrato infantil ocurrido en una casa de cuido privada ha vuelto a poner sobre la mesa una interrogante que durante años ha permanecido sin una respuesta clara: ¿qué institución del Estado es responsable de supervisar, fiscalizar y sancionar a las guarderías privadas o no gubernamentales que ofrecen servicios de cuidado infantil?
Mientras el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) activaron los protocolos de protección e investigación tras conocerse la denuncia, expertos en derecho de familia y protección infantil advierten que el problema trasciende un hecho aislado y revela debilidades estructurales en el sistema de regulación.
Un vacío en la supervisión preventiva
En República Dominicana existen centros de atención infantil administrados por el Estado, como los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI), los cuales operan bajo normas técnicas y mecanismos de supervisión.
Sin embargo, las guarderías privadas funcionan bajo un escenario distinto. Aunque deben cumplir requisitos municipales, sanitarios y comerciales para operar, no existe un sistema nacional de inspección permanente que garantice estándares uniformes sobre infraestructura, protocolos de seguridad, capacitación del personal, manejo disciplinario o atención psicológica de los menores.
Esta situación provoca que muchas instituciones solo sean objeto de investigación cuando ocurre una denuncia o un incidente grave.
¿Quién tiene responsabilidad?
Jurídicamente, la responsabilidad se distribuye entre varias instituciones, dependiendo de la naturaleza del caso.
CONANI tiene el mandato legal de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Cuando se recibe una denuncia por maltrato o vulneración de derechos, puede intervenir para brindar protección al menor, coordinar medidas especiales y colaborar con las investigaciones.
El Ministerio Público, mediante las fiscalías especializadas en niños, niñas y adolescentes, investiga posibles delitos, presenta acusaciones y solicita medidas de coerción contra los responsables cuando existen evidencias.
La Policía Nacional actúa como organismo auxiliar de la investigación criminal y ejecuta las acciones necesarias para proteger a las víctimas y detener a los presuntos responsables.
Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública puede intervenir cuando existen riesgos sanitarios, condiciones inadecuadas o incumplimiento de normas de higiene que afecten la salud de los menores.
Asimismo, los ayuntamientos tienen competencias relacionadas con permisos de uso de suelo, normas municipales y funcionamiento de establecimientos comerciales, aunque su rol no sustituye una supervisión especializada en protección infantil.
¿A quién deben acudir los padres?
Cuando ocurre un presunto abuso infantil dentro de una casa de cuido privada, los especialistas recomiendan actuar de inmediato.
Los padres pueden presentar denuncias ante:
- La Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público.
- CONANI para solicitar medidas de protección.
- La Policía Nacional cuando exista una situación de urgencia.
- Salud Pública, si existen violaciones sanitarias.
- Los tribunales civiles para reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios cuando corresponda.
La recopilación de pruebas médicas, psicológicas, fotografías, videos y testimonios resulta fundamental para fortalecer cualquier investigación.
El impacto psicológico
Las consecuencias de un episodio de violencia o maltrato en la primera infancia pueden extenderse durante años.
Psicólogos infantiles consultados sobre este tipo de casos coinciden en que los menores pueden desarrollar ansiedad, miedo a separarse de sus padres, trastornos del sueño, alteraciones del comportamiento, dificultades para socializar y pérdida de confianza hacia los adultos.
El impacto también alcanza a los padres, quienes suelen experimentar sentimientos de culpa, estrés, ansiedad y desconfianza al momento de volver a delegar el cuidado de sus hijos.
Por ello, especialistas consideran indispensable que tanto los menores como sus familias reciban atención psicológica especializada desde las primeras etapas posteriores al hecho.
¿Dónde pueden encontrar ayuda?
Las familias afectadas pueden recibir orientación y apoyo mediante:
- Las unidades de atención psicológica de los hospitales públicos.
- Los servicios especializados de CONANI.
- Las unidades de salud mental del Servicio Nacional de Salud (SNS).
- Psicólogos privados especializados en trauma infantil.
- Las fiscalías especializadas, que pueden gestionar medidas de protección para las víctimas.
Un debate pendiente
Diversos sectores consideran que el país necesita una legislación específica que regule las casas de cuido privadas mediante un sistema obligatorio de licencias, inspecciones periódicas, certificación del personal, protocolos de actuación frente al maltrato y un registro nacional de estos establecimientos.
Actualmente, la dispersión de competencias entre diferentes instituciones dificulta establecer una autoridad única responsable de la supervisión preventiva de estos centros, lo que genera incertidumbre tanto para las familias como para los propios prestadores del servicio.
El reciente caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y prevención, con el objetivo de garantizar que toda institución dedicada al cuidado infantil opere bajo estándares claros de calidad, seguridad y protección de los derechos de la niñez. Para muchos especialistas, más allá de determinar responsabilidades penales en cada caso, el verdadero desafío consiste en evitar que nuevas situaciones de maltrato ocurran en espacios donde los padres depositan la confianza y la seguridad de sus hijos.
