CAMIPE y CONEP alertan sobre riesgos por suspensión del proyecto Romero en San Juan
El sector minero dominicano creció un 7.7% en el primer trimestre de 2026, consolidándose como uno de los principales motores de inversión y empleo en el país.
Ante este panorama por el crecimiento minero, la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) expresó su profunda preocupación ante la decisión del Poder Ejecutivo de detener «de manera inmediata» cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, en la provincia de San Juan.
Para CAMIPE, resulta alarmante que la decisión implique la paralización de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) previamente autorizado.
La Cámara enfatizó que detener dicha evaluación no protege el medioambiente, sino que lo priva del análisis técnico riguroso que garantiza estándares de sostenibilidad.
La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) coinciden sobre el tema cuando indican en que esta situación evidencia la necesidad impostergable de una nueva Ley de Minería. CAMIPE insistió en que el país requiere reglas claras y seguridad jurídica que sean coherentes con el Plan META 2036.
Por su parte, el CONEP, a través de su vicepresidente ejecutivo Cesar Dargam, manifestó su desacuerdo con la medida presidencial, señalando que esta plantea interrogantes sobre el resguardo de los procesos institucionales.
«El potencial de una minería responsable en RD es inmenso, y posible con equilibrio social, ambiental y económico. La detención plantea interrogantes sobre la necesidad de procesos claros basados en evidencia», señaló Dargam.
La decisión del mandatario, motivada por el rechazo social expresado en recientes movilizaciones, ha abierto un debate sobre la aplicación de la Ley 64-00.
Mientras el Ejecutivo sostiene que la falta de licencia social hace inviable el proyecto, el sector productivo advierte que las decisiones de alto impacto deben sustentarse en criterios técnicos y evidencia científica, cumplimiento de las obligaciones legales y el debido proceso y un modelo de minería moderno, fiscalizado y dialogado.
Disposición al diálogo
A pesar de las discrepancias, tanto CAMIPE como los representantes del sector privado valoraron la vocación de concertación del presidente Luis Abinader.
La Cámara ofreció su experiencia técnica para contribuir a un proceso que incluya a comunidades, autoridades, academia y especialistas, con el fin de no obligar al país a elegir entre desarrollo y protección ambiental.
“República Dominicana no debe escoger entre desarrollo y protección ambiental. Debe seguir construyendo una minería responsable y técnicamente evaluada. Para eso necesitamos una nueva Ley de Minería”, concluyó CAMIPE.