Supermercados exigen detener investigación por salvaguarda a galletas por fallas “jurídicamente insostenibles”
Las principales cadenas de supermercados del país elevaron un reclamo contundente ante la Comisión de Defensa Comercial (CDC) basado en suspender de inmediato el proceso de investigación por salvaguarda a las galletas, tras considerar que el expediente avanza con fallas tan profundas que se ha convertido en un procedimiento “jurídicamente insostenible” y que coloca al sector importador en un estado de indefensión incompatible con el debido proceso.
La comunicación, suscrita por Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Hipermercados Olé y Bravo, sostiene que desde el inicio de la etapa investigativa la CDC ha operado con un nivel de imprecisión y falta de información que impide evaluar adecuadamente la pertinencia de la medida solicitada por los fabricantes Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao.
Los importadores afirman que ni ellos ni el resto de los interesados han tenido acceso a documentos esenciales del expediente, incluidos los anexos con datos financieros, estudios de causalidad y evidencia que supuestamente sustenta el “daño grave” alegado por las empresas solicitantes, pese a que la propia Ley 1-02 obliga al organismo a proveer el expediente íntegro para su examen.
Esta ausencia, señalan, ha sido reconocida incluso por el propio Departamento de Investigación de la CDC, que admitió requerir aclaraciones adicionales a las empresas solicitante
La narrativa expuesta en el documento muestra que el problema es mayor que una simple falta administrativa: según los importadores, la CDC está conduciendo una investigación cuyo objeto ni siquiera ha sido debidamente delimitado.
La descripción del producto bajo análisis —galletas dulces y saladas de casi todas las variedades imaginables, industriales o producidas en masa— es, a juicio de los peticionarios, tan amplia que impide cualquier análisis serio sobre incrementos de importación, comportamiento de precios, competencia o impacto sectorial.
Esa imprecisión, advierten, no solo hace imposible responder técnicamente a la investigación, sino que compromete la validez jurídica de cualquier conclusión posterior del órgano.
A esta situación se suma un elemento que los importadores califican como “crítico”: el plazo para completar los formularios exigidos por la normativa vence el 25 de noviembre, pero los elementos indispensables para llenarlos —estados financieros de las empresas solicitantes, estudios técnicos, anexos no confidenciales— nunca fueron puestos a disposición de las partes.
En otras palabras, el Estado estaría exigiendo información compleja que solo puede completarse con documentos que la propia autoridad no ha entregado. El resultado, insisten, es un bloqueo absoluto al derecho de defensa.
La preocupación expresada por el sector es que este tipo de fallas no solo afectan a las empresas involucradas, sino que ponen en riesgo la legitimidad del proceso, los derechos constitucionales de los actores económicos y, en última instancia, la seguridad jurídica del país.
Emitir una medida en estas condiciones, explican, podría vulnerar principios básicos como la igualdad ante la ley, la razonabilidad administrativa y la libertad de comercio. Más aún, podría exponer al Estado dominicano a responsabilidad patrimonial, sanciones disciplinarias y cuestionamientos internacionales.
Por todo ello, los importadores solicitan que el Pleno de Comisionados suspenda de forma urgente y temporal el procedimiento hasta que se establezca con claridad qué productos se investigan, se entregue el expediente completo con todos sus anexos —confidenciales y no confidenciales— y se ajusten los plazos a la realidad del proceso.
La petición va acompañada de un llamado a la prudencia institucional: el sector asegura que confía en que la CDC ponderará el caso con rigor jurídico y responsabilidad, pues cualquier decisión adoptada sin cumplir con las garantías mínimas del debido proceso administrativo tendría efectos económicos, sociales y reputacionales de gran alcance.
Mientras la CDC valora la medida provisional solicitada por los fabricantes —un arancel extraordinario que podría llevar los derechos de importación hasta 87.1%—, crece la presión para que el organismo revise las condiciones bajo las cuales avanza la investigación.
Para los importadores, la cuestión ya no es solo si la salvaguarda es conveniente o no, sino si el país puede permitirse una decisión de alto impacto social tomada sobre la base de un expediente incompleto y un procedimiento cuestionado desde sus cimientos.